Garzón será juzgado.

Caso Garzón: proceso al Tribunal Supremo

por Vicente Romero el 09 Abr 2010 |

El caso Garzón desborda los límites del enjuiciamiento a un magistrado acusado de prevaricación y se presenta finalmente como un proceso al Tribunal Supremo ante la opinión pública. El desatino del juez Luciano Varela, pretendiendo sentar a su colega de la Audiencia Nacional en el banquillo de los acusados, supone mucho más que un despropósito ya que plantea la inadecuación de criterios del Tribunal Supremo a la sociedad española actual. Por tanto, invita a un profundo debate sobre la idoneidad de algunos de sus miembros, e incluso sobre la necesidad de abordar la transformación profunda de las más altas instancias de la Justicia, tarea que nunca se abordó en la Transición de la dictadura franquista a la democracia. Algo que, sin duda, no está en las intenciones de Varela, pero que tampoco parece haberle importado provocar.
Juzgar al juez español más conocido y respetado internacionalmente garantiza al magistrado Varela una relevancia engañosa, que solo satisfaría las ambiciones de notoriedad de quienes no se planteasen diferenciar entre fama y prestigio. El primer motivo de descrédito para su figura está en el sello de Falange Española, estampado al pie de los documentos judiciales que admitió a trámite como base del proceso contra Garzón. Falange no es una buena compañía cuando se trata de Justicia, ni siquiera cuando se habla de Historia. Varela es dueño de encauzar políticamente su carrera como prefiera, desde sus orígenes en el Opus Dei o su posterior identificación con una trasnochada izquierda radical, hasta su afinidad personal con la vicepresidenta Fernández de la Vega o el regodeo que su actuación produce tan oportunamente en el PP y la extrema derecha. Incluso es libre de erosionar su crédito profesional haciendo frente a querellas por prevaricación, como la que ya han anunciado las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Baleares. Lo que de ninguna forma debería de hacer Varela es comprometer la credibilidad del Tribunal Supremo con una actuación que un batallón de prestigiosos juristas considera polémica y errónea.
Resulta inevitable que la opinión pública juzgue al Supremo por el talante político de sus decisiones. Según los principios más elementales de nuestro Derecho, los jueces deben de interpretar las leyes en conformidad con los criterios vigentes en sociedad en el momento de su aplicación. Así, ya desde los planteamientos iniciales del caso Garzón, queda planteada la cuestión de si figuras tan reaccionarias como la de Varela, la de su colega Adolfo Prego (ponente del auto) o la del propio Juan Saavedra, Presidente de la Sala Penal, responden al modo de ser y pensar de la actual sociedad española y pueden ser consideradas por la ciudadanía como los jueces más idóneos para el Tribunal Supremo. La polémica, que se anuncia áspera y amarga, implica un alto riesgo de descrédito para una institución imprescindible.
Finalmente Garzón está procesado por una diferencia de interpretación jurídica. La cuestión que lo lleva al banquillo es que Varela considera que la Ley de Amnistía de 1977 imposibilita la investigación judicial de los crímenes del franquismo, mientras que la jurisprudencia internacional establece que los crímenes contra la Humanidad no pueden ser amnistiados. Aquella amnistía tendría que ser interpretada --e incluso revisada y parcialmente anulada-- para que no obstaculice los derechos más elementales de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Como ley que obedece a unos tiempos preconstitucionales, su aplicación choca con la actual exigencia social de devolver la dignidad a los asesinados y consolar el eterno dolor de sus familiares.