REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN ANDALUZA

REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN ANDALUZA: DE INTERINOS, CONCURSOS DE TRASLADOS, MUCHOS PUESTOS ESPECÍFICOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, ROC, SINDICATOS DE ENSEÑANZA Y LA INDOLENCIA DEL PROFESORADO.
JESÚS CABALLERO RAGEL. PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

La Educación andaluza ha olvidado de dónde viene y no sabe a dónde va. En 1990, una novedosa ley, la LOGSE, transformó profundamente los cimientos de la educación española de entonces (ley de 1970, EGB, BUP y COU, FP I y FP II), tachada de demasiado académica, de métodos anticuados, con un alto absentismo en las zonas agrícolas, con un alto abandono de escolares a los 14 años y un importante número de menores sin escolarizar.
En la Transición Democrática y aún más tras el traspaso en 1984 de competencias educativas a la nueva Consejería de Educación, la finalidad de la Consejería fue extender la escolarización al 100% de los menores andaluces. Fue un esfuerzo ímprobo y valorable. Se construyeron cientos de centros escolares. Para la dotación de personal, por falta de presupuesto, se tiró de profesorado interino, más barato (no cobraba complementos de antigüedad) y más movible (adaptando el profesorado a las necesidades educativas del momento). Entre los años 1977 y 1984, existieron oposiciones restringidas para interinos (antiguos profesores no numerarios o PNNs). Para muchos, la gran mayoría, el paso a ser funcionario era pasar previamente como interino y acceder al funcionariado mediante oposiciones restringidas. A partir de 1985, una serie de denuncias sobre el sistema de acceso restringido realizadas por particulares dio como resultado unas sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional que acabaron con las oposiciones restringidas.
La entrada en vigor de la LOGSE solucionó algunos problemas y trajo otros gravísimos. La LOGSE introdujo la escolarización hasta los 16 años. El año 90 se caracteriza por existir 4,8 millones de parados en España, una invasión de drogas duras (heroína) como no se había visto antes en España, un aumento espectacular de la delincuencia en España donde los tirones y los atracos eran una realidad constante. La LOGSE retrasaba la edad de incorporación al mundo del trabajo de los menores de edad disminuyendo las estadísticas de paro, procuraba que los jóvenes estuvieran en las escuelas en vez de en la calle, etc. Se tenía como un logro social la prolongación de la edad escolar hasta los 16 años. Se modificaban las etapas educativas: infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP.
Aparte de no preverse una asignación económica para llevar a cabo la ambiciosa ley, la escolarización hasta los 16 años produjo en la enseñanza unos problemas que antes no existían con esa magnitud. Había que escolarizar dos años más a quiénes no querían estudiar. La nueva ley necesitaba enseñar al que no quiere aprender. El resultado lo sabemos todos: graves problemas de disciplina, violencia escolar, bajada de los resultados escolares, etc. La LOGSE puso en marcha toda su maquinaria para acabar con el excesivo fracaso escolar, que ella misma había producido: adaptaciones no significativas, adaptaciones significativas, adaptaciones de aula, programas de diversificación curricular, etc. La aplicación de estos recursos educativos trajo como resultado que titulasen los alumnos que antes se quedaban sin continuar estudios por problemas de aprendizaje (los grandes beneficiados de la LOGSE), pero no así los alumnos desmotivados por el estudio, que han campado a sus anchas durante años por los institutos andaluces provocando gravísimos problemas de comportamiento y degradando la labor educativa. Hoy día, tras la incorporación de la LOE y la LEA (que en realidad no corrige los problemas de la LOGSE), el gran problema de la educación es el mismo: qué hacer con el alumnado desmotivado, sobre todo de secundaria, que no atiende a normas, que empeora la convivencia escolar, que aumenta el fracaso escolar, etc. Ni los Programas de Garantía Social (PGS) que desembocaban en una nula salida profesional para un alumnado poco preparado, ni los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que intentan erróneamente reenganchar a un alumnado desmotivado para que sigan estudiando, han solucionado el grave problema de los alumnos que no quieren estudiar, principal espada de Damocles de la enseñanza actual.
Paralelamente, la LOGSE ( y la LOE y la LEA, que no varían en exceso los planteamientos educativos de la LOGSE) trajo consigo un proceso cuasikafkiano de burocratización de la enseñanza andaluza. Se trataba de realizar todo tipo de documentos para que todos los docentes remáramos en la misma dirección y se acabara con la tradicional libertad de cátedra: complejas programaciones, múltiples objetivos, cambios en el proceso de evaluación, adecuación de contenidos con objetivos de etapa y de área, inútiles fichas individualizadas, ROF, bonitos pero más inútiles Planes de Centro, competencias básicas, etc. Papelitos de todos los colores y para todos los gustos con un lenguaje abstracto y ambiguo, que cada cual adaptaba a sus intereses. Hemos asistido a una insólita y degradante burocratización de la enseñanza. Y se sigue por el mismo camino ante unos docentes que se tragan todo lo que le echen. Ahí está el nuevo ROC, que en algunos aspectos, como el excesivo papel del director, no es más que volver a la época franquista.
Como el sistema no funcionaba desde un principio, la Junta no ha hecho más que huir hacia delante. Se crearon miles de programitas, cada cual más inútil, para intentar mejorar los resultados educativos. A estos “programitas” le llaman “innovación educativa”. Hoy hay cientos de programas: escuelas de paz, calidad y mejora, intermediación de conflictos, compensatoria, bilingüismo, etc. Ninguno está sirviendo para mejorar el nivel escolar de nuestro alumnado. Tampoco inciden en mejorar los valores y la situación de los alumnos desmotivados (llamémoslos así, por no llamarlos con una palabrota más sonora). Eso sí, sirven para publicitar una idílica pero irreal situación de la educación andaluza. Una política de marketing educativo que la Junta utiliza para darse publicidad a sí misma. Una manipulación política y a la vez absurda de la educación.
La LOGSE también trajo consigo un trastorno en el sistema de colocación. Con su implantación hubo que retocar todas las plantillas. Sobraban maestros de EGB, que ahora no podían impartir en 1º y 2º de ESO (antiguos 7º y 8º de EGB), por lo que muchos fueron adscritos a secundaria. Se abrieron las posibilidades de movilidad para que los maestros se convirtieran en profesores. La FP se reestructuró, de 5 años pasó sólo a 2 y sobraban miles de docentes que fueron a parar a secundaria. Más compleja fue la solución de los antiguos maestros de taller (con sólo titulación de FP II), que también fueron adscritos a secundaria sin poseer la titulación. El problema de los maestros que impartían E. F. antes de implantarse el INEF, que fueron convertidos en PVA (Personal Vario Interino) y adscritos a secundaria sin poseer la titulación. Los profesores laborales, por la asimilación de la Consejería de diversos centros privados o de otros organismos públicos (Ministerio de Defensa, Diputaciones, etc.), etc.
Ante la inestabilidad de las plantillas, después de nuevas restringidas entre 1991 y 1993 que no solucionó el problema de los interinos de entonces, apenas se convocaron oposiciones entre 1994 y el año 2000. De algunas materias no llegó a convocarse ni una sola plaza y del resto las ofertas fueron pírricas, muy por debajo de la demanda que se requería para dar sentido a la nueva ley. Entre 1994 y 2000 fue necesario contratar a más de 15.000 docentes interinos, mientras no se sacaban apenas plazas para oposiciones. En el año 2003 existían 23.500 docentes interinos, que eran rotados cada año por la amplia geografía andaluza, prácticamente el 25% del total de la plantilla docente. Más de 15.000 docentes interinos acumulaban más de 10 años de servicio. Un ejército de interinos que estaban al margen de la Ley del Funcionariado de 1964, y que su situación en condiciones laborales se asemejaba más a un contratado laboral que a un funcionario interino. A miles de docentes, ante la falta de plazas, se les condenó a ser interinos. Lo nunca visto en la administración pública.
Las actuales oposiciones han ayudado a hacer justicia a esta situación, aunque muchos no lo hayan entendido así. Era de justicia hacer funcionarios a los que se les impidió en su día estabilizarlos por falta de plazas, con un sistema de oposiciones alejado de la realidad de las aulas y que no valoraba apenas la experiencia docente. Un personal interino que fue vital para la implantación de la LOGSE, con una dócil movilidad en una comunidad que es más grande que el Benelux ¿Hasta cuándo las bolsas comarcales para compatibilizar trabajo y familia? – Y aún así, la Consejería está obligada a buscar la estabilidad total a todos los docentes interinos que no consigan la funcionarización en el actual proceso. Unos docentes interinos que cobraron durante años menos que el resto de compañeros, haciendo el mismo trabajo. Hoy día, no se les reconoce a los funcionarios que fueron interinos el trabajo realizado como interino en los concursos de traslados, como si hubiesen trabajado para otra empresa o no hubiesen nunca trabajado. Pero trabajaron para la misma empresa y en el mismo trabajo. No deja de ser curioso que sí se les reconozca su antigüedad en la empresa para efectos económicos (trienios y sexenios) y no para concursos de traslados. Después de haberse recorrido media Andalucía como interinos, ahora deben recorrerse media Andalucía como funcionarios. Inaudito.
Y lo peor estaba por llegar: Los puestos específicos. Los puestos específicos han terminado por acabar con el sistema tradicional de colocación. Todo el mundo veía justo que el sistema diese prioridad a los funcionarios por concurso de traslados, los funcionarios en expectativa y después los interinos ordenados por tiempo de servicio. Los puestos específicos han cambiado este, para mí justo, sistema de colocación. Los puestos específicos han servido para esquivar la movilidad. En su momento, SADI-Cádiz luchó por que se hiciese un catálogo de estos puestos y una forma justa de provisión, pues al principio eran asignados a dedo por los directores. Si bien se entiende que dar clases a niños enfermos de un hospital es un puesto específico, no era de recibo que se denominase así a otros puestos que a simple vista no tenían nada de especificidad, y que habían sido ocupados tradicionalmente por funcionarios o interinos. Tras una denuncia de SADI-Cádiz se consiguió que al menos fuesen ocupados por convocatoria pública, aunque siempre disentimos de las puntuaciones que se daban para ocuparlos, pues en muchos casos era un traje a medida para los que ya ocupaban los puestos.
El problema es que la implantación de diversos programas convierte en puestos específicos lo que antes eran plazas para funcionarios o interinos. En muchos casos no se puede optar a ellos, porque se les dota de carácter de continuidad. Una vez ocupados, se les da continuidad. Mientras unos rotan, otros no rotan. Programas como los de compensatoria, calidad y mejora y sobre todo el bilingüismo blindan plazas, a la que no se puede optar sin unos requisitos especiales, que en su momento no se pidieron cuando se creó la plaza, ni fueron exigidos al docente en sus oposiciones. Se están dando casos de docentes que entran por concurso de mérito, saltándose todas las listas de interinos e incluso a los funcionarios. Cada vez que un centro se adscribe a uno de estos programas, sobre todo al de bilingüismo (que es el que más daño hace), se está dando pie a esta grave injusticia laboral. Ante el marketing político de la Consejería, al que muchos docentes entran al trapo, se está cometiendo una injusticia laboral. De esta forma, los puestos específicos merman las posibilidades de traslados ante un personal a los que se les exigió la misma cualificación para acceder al trabajo. Se rompe también la dinámica de la colocación de los interinos por el tradicional tiempo de servicio.
Ante esta situación, en los centros se ha implantado una absurda competitividad entre los docentes, que buscan beneficios en los programas: reducciones de horario, de guardias, mayor puntuación por llevar la dirección de los proyectos, mayor puntuación por inscribirse en los mismos, más dinero (ley de calidad), etc. Para mí, un síntoma demencial por donde avanza la enseñanza pública. Los programas se publicitan y se venden por parte de la Consejería para atraer escolares, pintando una situación que no es la real de los centros, porque los problemas gordos son los mismos. Al parecer, los buenos docentes son los que entran al trapo de los programas, los que al parecer innovan y mejoran nuestra educación. ¡Pura falacia!
En el borrador sacado el pasado 24 de marzo por el Ministerio de Educación se sientan las bases para que un funcionario pueda ser desplazado de su puesto ante las necesidades de cubrirse su puesto como “específico”. ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos a quedar parados? ¿Aceptamos sin más esta forma de provisión injusta de las plazas? ¿Acepta el sindicalismo, sin más, esta situación?
Y ahí está el nuevo ROC, que resucita la enseñanza franquista. Un ROC que dota al director de poder repartir la carga horaria, asignar las tutorías, imponer los programas, elegir la urgencia de la sustitución de una baja (¿Pero es que acaso no se deben cubrir todas las bajas con la misma urgencia?), etc. – La propia ex consejera, Mª del Mar Moreno, ha pegado la “espantá” de la Consejería, al encontrarse con la mayoría de sindicatos en contra, en este absurdo impulso de seguir modificando cosas sin sentido. Una Mª del Mar Moreno que se ha llenado la boca de su compromiso con la educación andaluza y que se ha largado a las primeras de cambio, dejando el mochuelo al que venga. Y todavía hay centros modificando el Plan de Centro, entrando al trapo de la Consejería, antes incluso de que se apruebe este fatídico ROC, al que habría que oponerse por dignidad.
Pero lo peor de todo es la indolencia del profesorado. Unos interinos jóvenes que no han luchado ante las intenciones de la Consejería de crear dos listas paralelas. Una, por tiempo de servicio y otra por “nota de oposiciones”. Una doble lista jurídicamente insostenible ante cualquier instancia en los tribunales. Y está el precedente de Murcia, donde un juez ha obligado a que las listas sólo se establezcan por “nota de oposición”. Un motivo más que suficiente para una huelga general de interinos, que parece que no se va a producir. El que no lucha por su puesto de trabajo, que después no se queje. Unos interinos jóvenes que piensan más en una solución personal a su problema (todos piensan aprobar la oposición) que en una solución solidaria y colectiva.
Por otra parte, otros docentes acomodados, sin espíritu crítico, que no se creen ya nada de las continuas ocurrencias de la Consejería y que piensan más en una jubilación (¿a los 67 ó a los 70?, da igual) y sin fuerzas ni ganas para luchar contra los métodos de la Consejería. Otros docentes –cada vez son más- que sólo piensan en sus programitas, sus puntos, sus puestos específicos, medrar y trepar al trapo de la Consejería y su política de marketing educativo.
Motivos hay para un levantamiento general del profesorado, pero no lo habrá. Nos hemos convertido en un gremio cada vez más conservador, que se come todo lo que le echen. Con unos sindicatos de oficina y de cursos de formación, con revistas digitales con INSS para que publiquen cualquier memez sus afiliados, alimentando intereses y la desunión de los trabajadores de la enseñanza, a los que no defienden. Una Consejería que sigue el lema de “Divide y Vencerás”, creando a toda costa una división continua del profesorado, creando status distintos de trabajadores, enfrentando intereses e intentando sacar erróneamente votos de la educación publicitando espectaculares programas. Una Consejería que utiliza maquiavélicamente la educación.
Lo dicho: Y la nave va. Seguimos sin saber a dónde vamos, pero hagamos un esfuerzo en no olvidar, por nuestra propia dignidad, de dónde venimos.