Sin correo por la protesta de los trabajadores

Los trabajadores protestan porque temen por la viabilidad del servicio y se oponen al anteproyecto de Ley del gobierno central que, según los representantes sindicales, otorga a la empresa la capacidad de ser 'operador universal del servicio postal' pero no contempla ningún tipo de 'financiación ni inversión'.

Desde hace algunos años el servicio postal público de los países miembros de la Unión Europea se enfrenta a los planes privatizadores de los gobiernos y la patronal. Estos planes se concretan en directivas y leyes postales liberalizadoras que van acompañadas de un deterioro del servicio público, recortes de plantilla y una continua precarización de las condiciones laborales de los carteros.

En el Estado español este proceso está bastante avanzado. En los años 90 se privatizó Caja Postal y la ley postal de1998 profundizó drásticamente en la introducción de normas propias de la competencia y el mercado en Correos y el servicio postal. En el año 2001 el gobierno de Aznar dio un paso de gigante al proceso de separación entre Correos y la administración pública al convertir al operador postal público en una Sociedad Anónima (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos) con capital cien por cien público. En noviembre de 2006, el gobierno del PSOE aprobó un decreto-ley escandaloso que permitía el uso de la red postal pública (todas las infraestructuras y medios de Correos) a empresas privadas del sector. Desde entonces, Correos ya no solo tiene la obligación de prestar un servicio público, también tiene la obligación de prestar sus servicios e infraestructuras a la empresa privada. En cambio, Correos no tiene derecho a acceder a los medios de cualquier otra empresa privada del sector postal.

El Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado en el año 2007 no se aplicó al colectivo de trabajadores de Correos, ni siquiera para el personal funcionario. Esta desvinculación con la Administración Publica se ha traducido en que el personal funcionario de Correos sea el peor pagado de todo el sector de funcionarios del Estado, el que menos derechos tiene y el que sufre el régimen disciplinario mas rígido. Hace ya una década que las nuevas plazas de ingreso no se ofertaban para un puesto de funcionario, sino para personal laboral, un colectivo que evidentemente tiene muchos menos derechos que los funcionarios. Por este motivo, Correos ha pasado de ser una empresa con una plantilla compuesta mayoritariamente por funcionarios a ser una empresa en la que numéricamente predominan los laborales fijos y trabajadores con contrato temporal. Según el Ministerio de Fomento, el número de funcionarios en Correos ha pasado de 34.158 en junio de 2006, a 21.397 en diciembre de 2009. Este es un buen dato que facilita el camino hacia la privatización.

La propia empresa incentiva conscientemente las diferencias entre la plantilla, introduciendo así un elemento fácilmente desmovilizador. Estas mismas fuentes del Ministerio nos indican que el personal laboral de Correos asciende a un total de 34.919 trabajadores (a día de 31/12/2009). Parte de este colectivo lo forman fijos discontinuos y contratados temporales, cuyas condiciones son aún peores que las de los laborales fijos. Se les niega automáticamente el derecho al disfrute de vacaciones y a días de asuntos propios, no se les suministra uniforme, casco y material de trabajo. Además, quedan a merced de los jefes, quienes tienen total libertad para cambiarles de centro de trabajo cuantas veces quieran e incluso pueden hacer que no se les renueve el contrato y que Correos no los vuelva a contratar.

El personal que presta sus servicios en zonas rurales también se encuentra cada vez más explotado. Se exige con frecuencia que aporten ellos mismos local y vehículo para que Correos ahorre costes en lo referente a combustible y mantenimiento de infraestructuras.

Este radical cambio de gestión empresarial en Correos, vendido bajo conceptos como “Modernidad”, “flexibilidad” y “competitividad” también ha tenido sus consecuencias prácticas nefastas no solo para la plantilla, ya que además ha supuesto un deterioro en la prestación del servicio público postal. Pese al aumento de población de los últimos años se han impulsado el cierre de oficinas rurales y no rentables, y las aperturas de sucursales en grandes centros comerciales; se han suprimido casi todos los turnos de tarde de reparto postal, todos los años las tarifas suben los servicios postales muy por encima del IPC, y la progresiva disminución de la plantilla se traduce en que cada vez sea mas difícil y excepcional el reparto completo diario de las secciones.